Mtro. J. Jesús Sierra Arias

Mensaje


El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán es un órgano colegiado, cuyas acciones y decisiones responden al cumplimiento de su responsabilidad institucional sustantiva, la de impartir justicia en materia administrativa y fiscal a los habitantes del territorio michoacano.

Dada esta naturaleza, su ejercicio es producto del esfuerzo conjunto de sus integrantes y está determinado por un carácter de continuidad en el cumplimiento de sus planes y programas, tendientes a dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares y los entes de la administración pública en Michoacán.

Lo anterior tiene sustento en el artículo 143 del Código de Justicia Administrativa del Estado, según el cual este Tribunal es un órgano autónomo con plena jurisdicción para para hacer cumplir su resoluciones en la materia descrita.

El nuestro es un Tribunal relativamente joven, nacido hace 13 años tras algunas reformas a la Constitución Política de México, con objeto de garantizar la protección jurídica de los gobernados ante los actos de la autoridad.

Fiel a ese principio este Tribunal ha avanzado fortaleciéndose en el proceso. Ha aumentado el número de sus magistrados, ha implementado una Segunda Instancia, tiene una sede propia y un sistema de justicia digital que lo coloca a la vanguardia entre sus pares y, entre otros puntos, cuenta hoy con órganos internos de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de sus funciones en apego estricto a la norma.

Además ha vivido recientemente un proceso importante para ampliar su presencia mediante la división de su jurisdicción territorial, que ahora se comparte entre las ciudades de Morelia y Uruapan, representativa cada una de un conjunto de Municipios hasta cubrir los 113 que representan la totalidad del Estado de Michoacán.

Hay una meta hacia la cual nos dirigimos. Trabajamos para ser un Tribunal cuyas labores sean conocidas por la sociedad, pues en esa medida es que contribuimos a la construcción de una cultura de la legalidad que tiene como fin último el establecimiento de una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, esa aspiración legítima que ha marcado la historia moderna de nuestro país y nuestro estado.

J. Jesús Sierra Arias

Magistrado Presidente